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Conclusiones: "A diez años de los acuerdos de paz en Guatemala

Conferencia Internacional:

mayo de 2007

A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y perspectivas de la Cooperación Internacional 2 y 3 de Mayo de 2007 Parlamento Europeo Bruselas

El presente documento contiene las principales conclusiones de los representantes de las organizaciones sociales y no-gubernamentales europeas y guatemaltecas participantes en la Conferencia Internacional “A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y perspectivas de la Cooperación Internacional”, celebrada en el Parlamento Europeo, los días 2 y 3 de mayo.

La conferencia fue organizada por tres redes internacionales de Ongs, CIFCA, Grupo Sur y CIDSE, y contó con el apoyo de la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo y de las principales fuerzas políticas PSE/ PPE-DE/Verdes-ALE/GUE-NGL, ALDE. La conferencia reunió más de 100 representantes de organizaciones sociales y no-gubernamentales guatemaltecas y europeas, del gobierno de Guatemala, de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Parlamento de Guatemala, así como de la Comisión Europea, de los Gobiernos de Estados miembro de la Unión Europea (UE), y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A partir de los estudios encargados para la ocasión y de los aportes de numerosos expertos, se debatió sobre los avances y déficits en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala, sobre los aportes de la cooperación internacional, principalmente europea, así como los vacíos y retos que se presentan. Principalmente se enfatizó en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

I. Consideraciones generales Los Acuerdos de Paz sientan las bases para un país distinto, encaminado hacia una sociedad más democrática, justa, incluyente, y respetuosa de los derechos humanos. Expresan la voluntad política de definir un nuevo modelo de desarrollo que permita una mejor distribución de las riquezas en beneficio de la población.

Diez años después de su firma, los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido mínimos. Persisten grandes obstáculos para la realización de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y la mejora de la situación socioeconómica. La falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y de las élites que dirigen el país, es uno de los obstáculos principales.

El cumplimiento de los Acuerdos de Paz constituye un compromiso del Estado de Guatemala que debe figurar integralmente en la agenda política de las instituciones del Gobierno.

Por su parte, la cooperación europea ha constituido uno de los apoyos externos más firmes para el cumplimiento de los Acuerdos. Durante la Conferencia, se analizó y valoró el Diálogo Político mantenido, así como algunos programas de la cooperación internacional para la implementación de los Acuerdos. Sin embargo, la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y otras instancias de Guatemala han mermado los esfuerzos de la cooperación. A fin de aportar elementos de análisis y propuestas para que la misma pueda ser más efectiva, se llegó a las siguientes conclusiones:

II. Conclusiones generales

“Acuerdos de Paz como centro de la agenda política”.

  • 1. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz debe ser el marco orientador de la política guatemalteca, del diálogo político, de la cooperación y de la política comercial de la comunidad internacional, en particular la europea.

En virtud de lo anterior se exhorta a la UE a promover un diálogo político franco y sustancial dirigido a la superación de los obstáculos para el cumplimiento de los Acuerdos. Esto implica abordar abiertamente las reformas estructurales necesarias como la reforma agraria, el desmantelamiento de los poderes paralelos, y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

En este marco es indispensable una reforma fiscal que retome el Acuerdo Político del Pacto fiscal y que dote al Estado de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones emanadas de los Acuerdos.

“Respeto, promoción y realización de los Derechos Humanos”

  • 2. Considerando el valor jurídicamente vinculante de la cláusula democrática, elemento esencial de las relaciones bilaterales, se insta a promover y proteger los derechos humanos en su integralidad, en todos y cada uno de los compromisos en materia de diálogo político, cooperación y comercio.

En este marco se consideran como temas prioritarios: la necesidad de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la protección y habilitación de las/los defensoras/es de derechos humanos, y la promoción y realización del derecho a la alimentación.

“Convenio 169 de la OIT: Una prioridad!“

  • 3. El Convenio 169 de la OIT es un elemento esencial en la implementación del Acuerdo sobre derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez, es un compromiso legal internacional aprobado y ratificado por el Gobierno de Guatemala.

Por consiguiente, se exhorta a las autoridades europeas, a respetar y supervisar su aplicación, especialmente en materia de consultas a las comunidades, por todos los actores y concretamente las empresas europeas con presencia en Guatemala.

“Fortalecimiento y participación y de la sociedad civil”

  • 4. La cooperación debe brindar apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil, de sus comunidades, pueblos y organizaciones. Sólo una sociedad civil fuerte y preparada puede contribuir en el diseño de estrategias que permitan superar los problemas estructurales, liderar procesos de transformación de la sociedad y del Estado y velar porque este último cumpla a cabalidad con sus funciones en el marco de un Estado de Derecho.

Una participación efectiva de la sociedad civil guatemalteca y europea en el diseño de las estrategias de la cooperación y en el diálogo político es necesaria. El ejercicio que permitió esta conferencia es una muestra de como hacerlo. Para avanzar en esta dirección, la UE debe buscar establecer un mecanismo de diálogo donde participen: gobierno de Guatemala, Comisión Europea, Estados miembros de la UE, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y europea. Un mecanismo que permita analizar, definir y evaluar las estrategias y programas de la cooperación, a fin de asegurar su coherencia con las necesidades de la sociedad guatemalteca, con las experiencias de todas las partes para con su cumplimiento y con los objetivos trazados.

“ Coherencia, complementariedad y evaluación”

  • 5. Una mayor coherencia y complementariedad entre la la cooperación y el diálogo político de la UE con el Gobierno de Guatemala es necesaria. Asimismo, es necesario el monitoreo sistemático y la fiscalización de los proyectos de la cooperación, del uso de los recursos y sus resultados, y también de la voluntad política del Gobierno guatemalteco que se expresa en la asignación de fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. Se exhorta revisar regularmente los mecanismos de ejecución de la cooperación europea a la luz de esta verificación.

“El futuro de las relaciones birregionales”

  • 6. Las negociaciones y la futura implementación del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central en ningún momento deben entrar en contradicción con los Acuerdos de Paz. Por lo tanto, la agenda del diálogo político en el marco de las negociaciones debe asumir la discusión sobre su cumplimiento.

III. Conclusiones específicas

  • a) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

La situación de pobreza, exclusión social y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas no ha cambiado sustancialmente. En este orden de ideas, el Acuerdo tiene un grado muy bajo de cumplimiento. Si bien es cierto que ha habido avances en el campo de los derechos culturales, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos indígenas siguen pendientes.

Con miras a avanzar en esta dirección, se recomienda a la Comisión Europea y Estados miembros.

  • Promover la erradicación de la pobreza y la superación de la exclusión de los pueblos indígenas en el ámbito económico, cultural y social, en consulta con los pueblos indígenas. Lo anterior conlleva apoyar política y financieramente mecanismos de consulta regular de los pueblos indígenas e igualmente reconocer y respetar los procesos impulsados a iniciativa propia.
  • Fortalecer las economías indígenas y campesinas sobre la base de la justicia social. A su vez, promover una visión recíproca entre los productores del norte y del sur, en la que prevalezca la justicia y la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales.
  • Fortalecer las instituciones y organizaciones que estén impulsando acciones alrededor de los derechos de los pueblos indígenas e igualmente apoyar los procesos políticos a nivel local y nacional de los pueblos indígenas.
  • Apoyar la realización de una nueva consulta popular sobre los cambios a la constitución prevista en los Acuerdos de Paz.
  • Contribuir en materia educativa en la promoción de los idiomas indígenas y la incorporación de la cosmovisión maya en los contenidos escolares.
  • b) Acuerdo Global de Derechos Humanos y Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil

Se constata que a nivel de acceso a la justicia, impunidad, reforma a la policía y combate de los poderes paralelos, la situación no ha mejorado pese a algunas medidas institucionales, y del apoyo de la cooperación.

El sistema de justicia y la policía permiten que la impunidad y los poderes paralelos reinen libremente mientras diariamente aumenta la violencia callejera y los ataques a defensores de derechos humanos.

Por tal razón, el mantener y aumentar el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de los poderes paralelos es una tarea prioritaria.

Con miras a avanzar en esta dirección, se propone:

  • Apoyar la ratificación y creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como un instrumento importante de lucha contra los cuerpos ilegales de seguridad y apartos clandestinos permeados en el Estado guatemalteco, que atacan y obstaculizan la investigación, persecución y administración de justicia.
  • Aplicar las Directrices de la Unión Europea para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En este orden de ideas, agilizar las medidas de protección, mejorar los espacios de comunicación con los defensores y la formación sobre los avances en la implementación.
  • Apoyar las iniciativas para que José Efraín Ríos Montt y demás personas, acusadas judicialmente como responsables de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados.
  • Apoyar la pronta ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional
  • c) Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

La situación agraria, la falta de acceso a recursos productivos y un creciente nivel de conflictividad agraria son los principales obstáculos para el cumplimiento del Acuerdo. La estructura de la tenencia de la tierra es el núcleo central de la conflictividad agraria y está claramente relacionada con la pobreza y la desnutrición. El acceso a la propiedad de la tierra cultivable muestra por un lado una elevada concentración y, por otro lado, una creciente minifundización. Además su acceso y tenencia es específicamente discriminatoria para las mujeres.

No existe una política nacional coherente de desarrollo rural. Debido, en parte a ello, la cooperación europea se ha retirado en los últimos años de aspectos centrales del desarrollo rural, como lo son el desarrollo agrícola, productivo y comercial y ligado a ellos el acceso a los recursos naturales, sobre todo tierra y agua.

Con miras a avanzar en esta dirección, se propone:

  • Promover un diálogo político con el Gobierno de Guatemala sobre el diseño y aprobación de una política de desarrollo rural concertada con la sociedad civil, que contemple reformas estructurales de la tenencia de tierra, facilitando el acceso y la seguridad jurídica sobre ella para la gran mayoría de campesinos pobres y especialmente mujeres rurales; acceso a otros recursos naturales, al agua, acceso a créditos y otros insumos de producción.
  • Apoyar la iniciativa de una ley de código agrario, que entre otras permita la creación de tribunales agrarios como contribución a la superación de la conflictividad agraria.
  • Implementar los diferentes instrumentos adoptados por la UE en sus políticas y programas destinados al desarrollo rural y seguridad alimentaria, particularmente las Directrices de la UE sobre Políticas de Tierras y las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional aprobadas en el seno de la FAO.
  • Incorporar el enfoque de soberanía alimentaria en la estrategia de cooperación de la UE y Estados miembro, así como en la agenda del diálogo político para fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y superar la inseguridad alimentaria. Concretamente se debe apoyar un proceso de diálogo nacional sobre la promoción y realización del derecho a la alimentación, en el cual participen el Gobierno de Guatemala, la sociedad civil y la cooperación internacional.
  • Reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y en particular las dimensiones sociales, culturales y ambientales que esta actividad representa para los agricultores y el papel que ellos juegan en el manejo de la biodiversidad de ecosistemas frágiles.

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