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Bruselas, 26 de noviembre de 2007.- La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó hoy su preocupación por la pésima situación de los derechos humanos en Guatemala.

«La situación sigue siendo muy preocupante, sobre todo en la cuestión de la impunidad, que es generalizada», señaló la eurodiputada francesa Héléne Flautre, presidenta de la mencionada subcomisión.

Flautre, del Grupo Verde, abrió el debate consagrado a Guatemala. Remarcó que el grado de violencia en el país «es muy elevado», y que ésta se dio «incluso en las campañas electorales».

También llamó la atención sobre el mal funcionamiento del sistema judicial guatemalteco y el rol del ministerio de defensa, «que sigue siendo un obstáculo para que se aclaren las violaciones a los derechos humanos», así como del problema de los feminicidios.

Por su parte, el eurodiputado socialista Wolfgang Kreissl-Dorfler, quien fue jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) en Guatemala, recordó que 3,700 personas han sido asesinadas en el país en los primeros seis meses de este año por las bandas juveniles maras o el narcotráfico.

«En general no hay castigo para los criminales: si de cien dos son condenados ¡eso es un éxito!», expuso el eurodiputado alemán a un nutrido grupo de asistentes entre eurolegisladores, funcionarios europeos y de la embajada guatemalteca, estudiantes, periodistas y activistas de derechos humanos.

Agregó que la división de poderes «no funciona en Guatemala» y no hay suficientes policías «bien entrenados», por lo que los soldados deben encargarse de las tareas del orden, lo cual conlleva a abusos de derechos humanos e injusticias, debido, entre otros motivos, a que en Guatemala «no tienen ninguna idea de la presunción de inocencia, no existe».

Sin embargo, Kreissl-Dorfler se dijo esperanzado de que el nuevo gobierno de Alvaro Colom «se ponga manos a la obra y que nosotros podamos apoyarlo».

Fernando Fernández, eurodiputado español del Grupo del Partido Popular y miembro de la Delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo en Guatemala, compartió la opinión de que «la situación de los derechos humanos» en el país «está muy lejos de ser la deseable».

Fernández subrayó en su participación en el debate «el escandaloso negocio de las adopciones de niños guatemaltecos». Indignado, Fernández relató a los presentes que la adopción de niños se da «a la luz del día, en la noche, en los hoteles…» y comentó que parejas estadounidenses y europeas pueden pagar hasta 25 mil dólares por un infante, de los cuales la madre natural se lleva de 200 a 400 dólares.

Las ganancias, señaló el eurolegislador español, son enormes para los «despachos internacionales de abogados» que se encargan de estas adopciones y para «sobornar» a los diputados guatemaltecos.

Según Fernández, el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, le confesó en una «comida de trabajo», y también lo dijo públicamente que, «si prohibimos de manera radical las adopciones, 30% de la ocupación hotelera caerá de un día para otro».

En su turno, Martin Wolpold-Bosien, en representación de las redes CIFCA, CIDSE y GRUPO SUR, manifestó que «a pesar de los esfuerzos de la cooperación internacional, la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y otras instancias de Guatemala han mermado los esfuerzos para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Las causas estructurales que impiden la paz justa y duradera en Guatemala siguen intactas: la impunidad, la violencia, el hambre, la injusta distribución de la tierra y de los ingresos, el racismo y la discriminación de los pueblos indígenas».

Añadió que el acuerdo que menos se ha cumplido es el referente a los derechos de los pueblos indígenas. «Una mayor amenaza lo constituyen los nuevos megaproyectos de minería a cielo abierto y de hidroeléctricas que están situados mayoritariamente en territorios indígenas. Hasta la fecha el Gobierno y la Justicia de Guatemala se han negado a reconocer que tales proyectos solo se pueden desarrollar con el previo consentimiento informado de las comunidades afectadas».

En resúmen, Wolpold-Bosien demandó al Parlamento Europeo «promover un diálogo franco y sustancial con el nuevo Gobierno guatemalteco dirigido a la superación de los obstáculos estructurales que impiden el cumplimiento de los Acuerdos de Paz».

También «promover un diálogo con la Comisión Europea sobre la implementación de la futura estrategia de cooperación con Guatemala para los años 2007 a 2013».

Además, «velar para que las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE -Centraomérica no entren en contradicción con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y promuevan los derechos humanos».

El 2 y 3 de mayo pasados, las redes CIFCA, CIDSE y GRUPO SUR organizaron una Conferencia Internacional sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el rol de la cooperación europea, que contó con el apoyo de la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo y de las principales fuerzas políticas de este órgano legislativo de la UE.

Este encuentro reunió más de 130 miembros de organizaciones sociales de ambas regiones, de gobiernos, instituciones europeas e internacionales, incluyendo el representante en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Anders Kompass.

El eurodiputado socialista Raimon Obiols i Germa, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica, coincidió con el diagnóstico de que la situación en Guatemala «es muy mala», y dijo con ironía que China, cuyo panorama de derechos humanos se había discutido previamente en el orden del día, compartía con Guatemala un rasgo «escalofriante» en común: la exportación masiva de niños en adopción.

Sin embargo, el eurodiputado español declaró que «la nota positiva» en Guatemala habían sido sus más recientes elecciones, llevadas a cabo de modo «razonado y transparente». Y expresó que la solución de los problemas del país pasaban por «una fiscalidad progresiva y el reparto de la tierra».