Europa ha estado, estos últimos años, tratando de buscarse su lugar como una potencia mundial. Recientemente, dos pasos cruciales se han dado en aquel sentido: primero, el Tratado de Lisboa, que busca centralizar el poder en manos de la Comisión Europea; y en segundo lugar, una serie de acuerdos bi-regionales con ciertas regiones del mundo en desarrollo. Estos acuerdos han sido desarrollados en la forma de los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs según sus siglas en inglés) con África, Asia y el Caribe, y los “Acuerdos de Asociación” con América Central y con la Comunidad Andina de Naciones (CAN –Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia).
EPAs y AdAs: ¿Tratados de Libre Comercio disfrazados?
Tanto los EPAs como los AdAs, si bien diferen en el nombre, tienen una sustancia similar. Ambos constituyen instrumentos para re-definir las relaciones entre la UE y el Tercer Mundo, basados en tres pilares principales: Diálogo Político, Cooperación y Comercio (ecuación en la cual el “Comercio” siempre lleva la delantera, a juzgar por el hecho de que de 14 mesas de trabajo en las negociaciones del AdA UE-CAN, 11 mesas son de comercio, 1 para asimetrías, 1 para cooperación y 1 para el diálogo político). Más aún, ambos instrumentos responden a las necesidades expansivas de la UE: lo que el comisionado para el comercio de la UE, Meter Mandelson, expresó en el proyecto de la Europa Global.
En el caso de América Latina, resulta obvio que la UE tiene un creciente rol en la región y que el presente acuerdo refleja las necesidades del poderoso lobby de sus empresarios en Bruselas. Es importante mencionar que la UE es el principal contribuyente de Inversión Extranjera Directa en America Latina, con la mayor parte de la inversión concentrada en el área de servicios privatizados. Más aún, la UE tiene una creciente presencia en términos de ayuda y comercio (la mayor parte del comercio desde América Latina hacia la UE -86,4%- es producción primaria, mientras que el 83% de las exportaciones desde la UE hacia América Latina, son productos manufacturados).
El Acuerdo de Asociación UE-CAN: ¿en beneficio de quién?
El AdA de la UE-CAN, actualmente en negociaciones, reemplazará el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado a fines del 2003 entre las dos partes. Este nuevo acuerdo impulsará la liberalización y apertura de mercados en el agua, energía y otros servicios, así como el libre comercio, en sus propias palabras, “más allá de las normativas básicas de la OMC” . Al mismo tiempo que impulsa la liberalización, declara que las negociaciones estarán “basadas en el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno” . Sin embargo, en la región andina ha habido oposición masiva a las privatizaciones y múltiples intentos de organizaciones populares para revertirlas. El pueblo ha dicho, de manera inequívoca, que no desean que los servicios básicos tales como el agua sean privatizados. El acuerdo, entonces, da la espalda a la voluntad de este pueblo.
El documento declara que su intención es “ayudar a crear las condiciones para reducir la pobreza, promover trabajos decentes y un acceso más igualitario a los servicios sociales, así como asegurar un apropiado equilibrio entre los componentes económicos, sociales y ambientales en un contexto de desarrollo sustentable” . Sin embargo, también declara su intención de “sentar las condiciones para el gradual establecimiento de un Área de Libre Comercio entre ambas regiones, y desarrollar intercambios tanto intra-regionales como bi-regionales” . La experiencia, sin embargo, nos demuestra que ambos objetivos son contradictorios.
Para nuestro consuelo, el texto incluye una vaga declaración de buenas intenciones: “…tomando en consideración los diferentes niveles de desarrollo entre la UE y la Comunidad Andina, las simetrías de región a región podrían ser consideradas, cuando sea necesario, en todas las áreas de comercio o relacionadas al comercio que se discutan en el curso de las negociaciones, por ejemplo, acordando diferentes plazos para períodos de transición” . Sin embargo, el documento nos dice más adelante que “tomando en consideración sus niveles de desarrollo, a los países de la Comunidad Andina se les permitirán ciertas medidas de flexibilidad en términos generales, así como a sectores o sub-sectores específicos. Cualquier período de transición no debiera exceder, en principio, los 10 años” . Por lo cual, cualquiera sea el período de transición acordado a fin de amortiguar el impacto de las asimetrías, no debiera exceder de los 10 años. Pero no se da ninguna indicación clara respecto a qué hitos en términos de desarrollo debieran cumplirse.
La credibilidad respecto a la preocupación de la UE sobre las desigualdades en términos de desarrollo, se hace aún más vaga y vacía de sentido si consideramos “se mencionará la importancia otorgada a los principios y reglas que gobiernan el comercio internacional, en particular bajo los auspicios de la OMC, así como a la necesidad de aplicarlos de manera transparente y no-discriminatoria” . Esta sentencia vacía de sentido al punto sobre tratar las asimetrías, ya que la parte más fuerte de las negociaciones –la UE- puede reclamar que cualquier medida en este sentido sería discriminatoria (al menos, cuando el período de transición de 10 años haya concluido).
Dando con una mano, quitando con la otra
Respecto al pilar de la cooperación, se menciona que su objetivo es el desarrollo sustentable para superar las causas estructurales de la desigualdad y de la pobreza, con un énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Qué impacto tendrán las liberalizaciones y privatizaciones sobre estas nobles aspiraciones? Creemos firmemente que la soberanía de una nación sobre sus recursos es un principio no negociable. Más aún, dada la terrible experiencia de la década pasada, la privatización de servicios básicos tales como el agua, la salud, la educación y el transporte público, no debiera ser permitida.
También nos preocupa que la cooperación quede amarrada al comercio, y particularmente, a demandas de privatizaciones. Es nuestra demanda que el asunto de la Cooperación entre la UE y la CAN sea tratada de manera autónoma y sea sujeta solamente al respeto a los derechos humanos.
¿Diálogo? Político
El pilar del Diálogo Político incluye un esfuerzo conjunto sobre cohesión social y reducción de la pobreza, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, buen gobierno, prevención de conflicto, migración, integración regional y derechos humanos. Tenemos preocupaciones sobre varios asuntos en este pilar. Primero, la manera en que las liberalizaciones van a afectar la cohesión social y el buen gobierno, como es fácil prever gracias al impacto que las privatizaciones tuvieron en la “década perdida” de los ‘90s.
Otra fuente de preocupaciones es que los estándares de derechos humanos son decepcionantemente bajos. En Colombia, por ejemplo, el Estado ha sido responsable de graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo a observadores internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. De hecho, el acuerdo de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos ha sido retrasado por reservas bien fundamentadas por parte de la bancada Demócrata respecto a la situación de derechos humanos y el gobierno. Sin embargo, ni una sola voz desde la UE se ha alzado en esta materia, pese a que la cláusula democrática denota la centralidad de los derechos humanos en este acuerdo.
Una negociación de espaldas a la ciudadanía
Es importante destacar que las negociaciones se han llevado adelante en un ambiente de secretos, con poca o nula interacción con las organizaciones de la sociedad civil, por lo que estas preocupaciones no han encontrado un canal de expresión hacia quienes negocian este acuerdo. El hecho que se constituye en un indicador preocupante, es que estas negociaciones han sido apresuradas, no se han hecho foros abiertos, ni se ha entregado suficiente información al dominio público, ni se han abierto oportunidades para que la sociedad civil entregue su opinión y sus reservas.
¿Por qué nos oponemos al actual AdA UE-CAN?
Pese a la retórica de que no se trataría de un acuerdo de libre comercio y que tanto el diálogo político como la cooperación serían aspectos que estarían en un pie de igualdad con el aspecto comercial, resulta claro que el énfasis efectivamente se encuentra en el libre comercio, como fue declarado en la segunda ronda de negociaciones en Bruselas, en Diciembre del 2007. El AdA UE-CAN podría ser contrario a los esfuerzos de los pueblos de los Andes por retomar el control democrático de sus economías y recursos. Más aún, se avanza en un proyecto de una Europa Global, competitiva en el contexto global –una Europa de débiles protecciones hacia sus ciudadanos, de precariedad, más allá del control de sus ciudadanos y al servicio exclusivo de unos cuantos empresarios agrupados en la Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT, según sus siglas en inglés). La lucha en contra de este Ada UE-CAN es, por tanto, pro los intereses de los pueblos de ambas regiones.
Siempre hemos saludado el diálogo político y la cooperación hacia América Latina, y saludamos los esfuerzos por el fortalecimiento del comercio entre la UE y CAN. Pero no creemos que el comercio deba vincularse a demandas de libre comercio, ni que las políticas comerciales deban ir a contrapelo de los esfuerzos en el plano de la cooperación y del diálogo político. Llamamos, consecuentemente, a toda la sociedad civil, tanto en la UE como en la CAN, a un amplio debate sobre estos asuntos.
Una carrera contra el tiempo
Estos debates debieran tener lugar más temprano que tarde. Dos rondas de negociaciones ya se han realizado, en Bogotá (del 17 al 21 de Sept. 2007) y Bruselas (del 10 al 14 de Dic. 2007). Las próximas rondas serán en Quito (del 21 al 25 de Abril 2008), Bruselas (Julio 2008) y la ronda final será en algún país andino aún por confirmar (Octubre 2008). Para entonces, el acuerdo pasará a la fase de ratificación.
La Comisión Europea y el Consejo de la UE están llevando las negociaciones en consulta con los siguientes comités especiales de la UE: C133 (de política comercial común), COLAT (de diálogo político con América Latina), AMLAT (equipo técnico de COLAT) y COHOM (derechos humanos). Sobre la ratificación, en el caso europeo, el parlamento europeo debe aprobar primero el AdA. Una vez aprobado por éste, el AdA UE-CAN pasa a la fase de ratificación en los parlamentos nacionales de la UE. Si uno solo de los parlamentos nacionales decide no ratificarlo, no se aprobaría. Pero si el Tratado de Lisboa es aprobado, entonces, para comienzos del 2009 el proceso de consulta con los parlamentos nacionales será completamente eliminado.
Debemos buscar dar a conocer cuanto podamos todo lo que está en juego con el acuerdo y construir así una campaña a ambos lados del Océano que pueda efectivamente ejercer alguna influencia a favor de los intereses de los pueblos en esta carrera contra el tiempo.
Research & Development Officer