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12 Razones para rechazar la Estrategia Gubernamental

El Contexto:

El Gobierno colombiano ha diseñado el documento denominado: “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” o Plan Colombia II, con la pretensión de consolidar los logros alcanzados con el Plan Colombia y la política de seguridad democrática. Como antesala a la III Conferencia Internacional sobre Colombia, el gobierno a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, ha presentado algunos documentos que llevan a pensar que la estrategia anteriormente señalada y/o algunos de sus más importantes componentes, es lo que el gobierno presentará a los gobiernos, la banca multilateral, y el Sistema de Naciones Unidas, en la Conferencia de Bogotá a realizarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre, con miras a obtener su apoyo político y financiero.

Para el día 30 de noviembre el gobierno colombiano ha anunciado la presentación de la “Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010”, cuyo contenido no ha sido público, pese a insistentes llamados de la sociedad civil participe del diálogo tripartito, razón que explica aún más la preocupación por sus contenidos y su articulación con el Plan Colombia II.

12 Razones para rechazar la Estrategia

1. La estrategia presentada bajo la consigna de “fortalecimiento de la democracia y desarrollo social” esconde un intencionado plan de guerra, según el propio Ministerio de Defensa, que aleja de las posibilidades para la búsqueda de la paz , la consolidación democrática y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de derechos humanos, niega de tajo la existencia del conflicto armado interno y por ende la crisis humanitaria que persiste en el territorio nacional, con el agravante que implica el involucrar a la cooperación internacional y la sociedad civil en su implementación. En tal sentido, La estrategia va en contravía de las declaraciones de Londres y Cartagena, que en particular expresan: “encontrar una solución negociada al conflicto interno del país”, “conseguir un Estado democrático plenamente funcional en todo su territorio”, “expresar su profunda preocupación por la crisis humanitaria experimentada por el país y, en particular, por la suerte de las personas internamente desplazadas y por la grave situación de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional”.

2. La estrategia parte de un presupuesto por lo menos cuestionable: el “éxito del plan Colombia”. Partiendo de la constatación del mantenimiento de la oferta de droga hacia los EEUU el Plan Colombia no ha cumplido con su objetivo estratégico. Según datos del gobierno colombiano se asperjaron 710.532 hectáreas y se erradicaron manualmente 93.000. Igualmente, se logró la destrucción de más de 8.900 laboratorios para la producción de alcaloides, se incautaron 77 aeronaves, 6.868 automotores y 1.192 e embarcaciones, no obstante, los cultivos se desplazaron alcanzando prácticamente todo el país y mayor productividad por hectárea cultivada. Adicionalmente, el gobierno argumenta el éxito en el fortalecimiento del Estado y en la recuperación de la seguridad, sin embargo ello no significó el desmantelamiento del narcotráfico y sí la estigmatización de las “ zonas cocaleras” y la criminalización del campesino cultivador, además del impacto negativo para el medio ambiente y la salud humana producido por las fumigaciones.

3. La estrategia incorpora la denominada Doctrina de Acción integral DAI que hace parte del denominado “viraje en el Plan de Guerra” ,según el propio informe del Ministerio de Defensa titulado: “365 días de trabajo que hacen la diferencia. Informe anual Ministerio de Defensa. Julio 2006 – Julio 2007” . Este nuevo “plan de guerra” debe permitir entre otros, potenciar la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. Ello coincide con la aprobación este año del presupuesto militar más alto en los últimos 30 años en Colombia, “$8,2 billones recogidos por impuesto de guerra. Uno de cada tres pesos pagados por los contribuyentes del impuesto al patrimonio se destinará a la compra de aviones, helicópteros, botes y vehículos en tierra”.

4. La estrategia deja por fuera a la construcción de una política pública de paz, que ha sido una de las prioridades de la cooperación internacional y tema central de la III conferencia; a la par que desestima las dinámicas transnacionales del conflicto armado interno y el carácter regional del narcotráfico planteando acciones enmarcadas en una política de seguridad y defensa que no van a resolver los factores estructurales del conflicto armado interno. La presencia social del Estado está considerada como la realización de acciones puntuales que no inciden para nada en los factores estructurales del conflicto.

5. La estrategia se propone como objetivo el consolidar la “Seguridad Democrática”, como doctrina base para reordenar el Estado en torno a un modelo que articula las instituciones y la sociedad civil en sus diversas expresiones en un marco cívico-militar de carácter estructural: el Estado Comunitario, en contravia de un Estado Social de Derecho.

6. La Doctrina de Acción Integral DAI, eje de la estrategia es entendida por el Ministerio de Defensa como : “un conjunto de principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima con la acción social del Estado y la sociedad civil”. Anclada en necesidades táctico militares de coordinación y alineación de las distintas instituciones militares y de policía, la estrategia extiende esta necesidad a las instituciones sociales del Estado, y lo que es más grave aún, pretende hacerla extensiva a la población civil y a la cooperación internacional, involucrandolas en acciones cívico militares. Bajo este esquema, la frontera existente entre lo militar y lo civil se pierde, lo que conlleva la militarización de acciones propias de actores civiles o a la inversa y aumenta la vulnerabilidad de la población civil frente a los actores armados. En otros países, por ejemplo en Afganistan, este concepto civil-militar, se conoce en inglés como “comprehensive approach”, cuyos resultados dejan mucho que desear en términos de paz y de desarrollo humano sostenible.

7. Tanto la “Doctrina de Acción Integral” (DAI) como el “Centro de Coordinación de Acción Integral” (CCAI) son un desarrollo del el enfoque interagencial planteado por el Comando Sur en el marco de su nueva estrategia “amistad y cooperación para las Américas” , cuyo objetivo es “convertirse en una organización conjunta interagencial líder que procura apoyar la seguridad, estabilidad y prosperidad de las Américas” . Con los argumentos de coordinación y alineación, la estrategia vincula los laboratorios de paz y los programas de paz y desarrollo, entendidos como el desarrollo de acciones integrales de tipo económico y social para complementar la política de defensa y seguridad democrática en el marco de la recuperación social del territorio. Esto desvirtúa completamente el objetivo con que fueron concebidos estos laboratorios y programas: proyecto integral expresión de procesos sociales participativos que sean la base para la reconstrucción del tejido social como presupuesto de una paz duradera.

8. La estrategia busca igualmente diluir aún más los conceptos de seguridad y defensa. Distinción necesaria en un Estado de derecho. Ello conlleva a que no haya divisiones de tareas entre el accionar militar y de policía, ambas responden al mismo objetivo. Situación facilitada por el hecho de tener un presupuesto fusionado dependiente del Ministerio de Defensa .

9. La estrategia que se presenta como de cooperación internacional, es en realidad una estrategia de seguridad y defensa, ello permite que tanto la cooperación como la ayuda humanitaria sean utilizadas como herramienta de legitimación política e instrumentalizadas en favor del accionar militar. En este escenario se limitan las posibilidades de que las ONG realicen un trabajo independiente. Este es el modelo actualmente aplicado en Afganistán y anteriormente en los Balcanes con muy cuestionados resultados.

10. La estrategia señala las zonas priorizadas para la “recuperación social” del territorio. En ella se enfatiza el componente cívico militar para su control. Llama la atención que dichas zonas corresponden a: zonas de frontera, territorios de comunidades afro descendientes y de pueblos indígenas, zonas con grandes riquezas naturales y donde se están asentando multinacionales, megaproyectos y cultivos para la producción de agro combustibles. Por otro lado, este componente de la estrategia revive las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, decretadas por el Presidente Uribe en el 2002 en las que se desplazó a la autoridad civil por autoridades militares, se militarizó la vida cotidiana de los pobladores y se agudizaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.

11. La estrategia mediante el posicionamiento de un modelo de gobierno que en el ámbito local supedita los entes territoriales a las directrices centrales reversaría el alcance de la descentralización política y administrativa que desde 1980 se ha fortalecido en el país y profundizado con la Constitución de 1991. Con limitaciones presupuestales desde la ley de transferencias y sin capacidad política para tomar decisiones en asuntos tan claves como el tipo de desarrollo local y la participación de las regiones en las políticas comerciales del gobierno nacional, las gobernaciones, alcaldías, asambleas de departamento y concejos municipales, se convierten en meros entes burocráticos.

12. En materia de Integración regional, considerada prioridad de la estrategia de cooperación Europea para la región, la estrategia pone en peligro los esfuerzos de consolidación de la integración andina. Mientras la CAN contempla medidas especiales para regiones consideradas Zonas de Integración Fronteriza (en materia migratoria, de intercambio comercial y económico, en salud y educación) la estrategia prioriza para las regiones de frontera la acción de la fuerza pública, bajo el presupuesto de contener el conflicto armado dentro de las fronteras. Adicionalmente, la iniciativa de la Doctrina de Acción Integral DAI en las fronteras puede ser un factor de desestabilización regional, si se toma en cuenta que los países vecinos han expresado su desacuerdo con el Plan Colombia e incluso denunciado los efectos negativos del mismo en su territorio. Lo anterior reviste una mayor importancia en el marco de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina actualmente en curso.

Por lo anterior, insistimos en que esta estrategia esta lejos de profundizar la búsqueda de la paz y la consolidación democrática, por el contrario, la visión militar que la inspira subyace en cada uno de sus componentes y contribuirá a la agudización del conflicto, la profundización de la situación de violación a los derechos humanos, la negación de la distinción entre combatientes y población civil y definitivo resquebrajamiento de las aspiraciones democráticas consagradas en la Constitución de 1991.

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