Mientras por un lado la Unión Europea persigue mayor libertad y seguridad jurídica para sus mercancías y capitales en los acuerdos de asociación que negocia con Centroamérica y la Comunidad Andina, por otro lado toma decisiones dentro de estos procesos que marcan un evidente retroceso en materia democrática y, en particular, en el respeto de los derechos humanos.
El tema migratorio forma parte importante de la agenda de negociaciones de la UE con ambos bloques latinoamericanos, cuyos negociadores han propuesto a la Comisión Europea incorporar en el diálogo político una cláusula de protección a los derechos humanos de sus inmigrantes sin distinguir su situación migratoria.
Las redes CIFCA, Grupo Sur y UE-CAN consideran que la reciente aprobación de la Directiva Retorno por parte de la UE, bloquea cualquier posibilidad real de discutir tales cláusulas, lo que pone en duda la verdadera disposición de Bruselas para consensuar posiciones con sus socios latinoamericanos en asuntos de interés común.
Constatamos al mismo tiempo un debilitamiento de las cláusulas obligatorias que la UE incorporó en su mandato de negociación, como la ratificación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, pero que ahora frente a las reticencias de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, queda relegada a un compromiso de buenas intenciones, que no afectará la firma del acuerdo.
Además, las negociaciones con ambos bloques carecen todavía de los estudios de impacto de sustentabilidad que, en marzo de 2007, el propio Comisario de Comercio, Peter Mandelson, prometió que se realizarían, con la finalidad de establecer la coherencia de dichos acuerdos con los objetivos de desarrollo y con los aspectos sociales y medioambientales.
En este contexto, resulta opuesta a la promoción del desarrollo la oferta comercial que presentó la Comisión Europea a Centroamérica, la cual limita la apertura inmediata al mercado europeo a solo una cuarta parte de los productos que hoy pueden ya ingresar libres de arancel.
De otro lado mientras los gobiernos centroamericanos consultan, incluso sobre los textos de la negociación a sectores de sus sociedades civiles, la Unión Europea los considera de absoluta reserva, incluso aquellos que tienen que ver con el diálogo político y la cooperación. La falta de transparencia siembra muchas dudas sobre los intereses europeos en estas negociaciones.
Por tales motivos, apoyamos la propuesta del Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Helmuth Markov, en el sentido de que la UE debe ofrecer a la Comunidad Andina un SGP Plus mejorado en lugar de un tratado de libre comercio, que está planteando tantas dificultades y que no está tomando en cuenta las asimetrías socio-económicas entre las partes. La misma oferta debe hacerle a Centroamérica.
.
RSS 2.0
