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Comunicado de prensa

Organizaciones sindicales y sociales demandan a la Drummond y otras multinacionales.

por CUT

Miércoles 20 de mayo de 2009

Bogotá.

La CUT, organizaciones sociales y sindicales y el grupo de abogados de Conrad & Scherer, de Estados Unidos, con oficinas en Colombia y Ecuador, encabezados por Terry Collingsworth, demandarán hoy, miércoles a la multinacional Drummond por pagar “protección” a grupos paramilitares, que asesinaron a mas de 220 personas en el corredor férreo que va desde la Mina, ubicada en el municipio de La Loma en el Cesar, hasta el puerto de Ciénaga en el departamento del Magdalena; las víctimas fueron sindicalistas, miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de los municipios donde estos grupos, pagados por esta compañía, delinquían con el único propósito de sembrar terror alrededor de las zonas de interés de la Drummond, en una práctica recurrente de esta y otras multinacionales que operan en nuestro país.

La semana pasada se demandó a la bananera Dole y se hará nuevamente con otras 9 compañías más por hechos similares y deberán responder por los crímenes de más de 350 sindicalistas y miles de miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de las regiones donde han operado y/o recientemente inician operaciones; en esas demandas se harán parte entre otras las organizaciones sociales USO Arauca, Sintraofan Antioquia, CUT Arauca, Anthoc Arauca, Asonal Judicial Cesar, Ongs y organizaciones sociales, además de los familiares directos de las víctimas.

En años anteriores, este grupo de abogados en conjunto con estas organizaciones demandaron a compañías como Drummond, Oxy, Coca-Cola, Chiquita Brands en Colombia y a Dyncorp y Chevron Texaco en Ecuador, por crímenes contra sindicalistas y miembros de organizaciones sociales.

La ley de reparación de agravios (ATCA en ingles) a ciudadanos extranjeros, refleja un esfuerzo temprano del Congreso de los Estados Unidos por dar reparación a los individuos cuyos derechos han sido violados según el derecho internacional. La ley prevé que “los tribunales de distrito serían competentes en toda acción, por un extranjero solamente para la reparación de un daño cometido en violación del derecho internacional o de un tratado con los Estados Unidos.”

Solamente los extranjeros (no ciudadanos de los EEUU) pueden incoar una acción amparo de esta ley. La competencia de los tribunales de distrito para conocer reclamaciones basadas en la ley está limitada por la exigencia constitucional, de que el tribunal tenga competencia personal sobre el demandado. Es decir el autor de la violación debe encontrarse en el territorio bajo jurisdicción del tribunal o estar sometido a la jurisdicción general del tribunal.

La ley ATCA recientemente se ha aplicado a casos de violaciones de los derechos humanos y se complementa con la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVP en inglés). Si bien la ley ATCA solo es aplicable a los extranjeros, el TVP autoriza tanto a los extranjeros como a las ciudadanos de Estados Unidos a entablar una acción de daños contra todo individuo que practique la tortura o cause la muerte extrajudicial, en el ejercicio de una “autoridad real o aparente o el amparo del derecho de cualquier nación extranjera”. Sin embargo, los gobiernos extranjeros no pueden ser encausados en los EEUU de acuerdo con la ley de inmunidades soberanas de los extranjeros de 1976 y la ley doctrina del Estado.

Mayores informes,

Tarsicio Mora, Presidente CUT, cel. 315 8946085.

Rebeca Pendleton, Representante de Terry Collingsworth en Colombia, Cel. 310 2502190.

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