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Puede cuajar una nueva oportunidad para la Paz

por Álvaro Villarraga Sarmiento

Lunes 8 de agosto de 2011

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En materia de paz el presidente Santos ha contribuido a mejorar el ambiente interno e internacional a su favor con varias políticas y medidas, pero a la vez también pesan obstáculos aún no removidos e incluso otras políticas que impiden avanzar con decisión y de manera clara en tal perspectiva. Más allá de reiteradas declaraciones de compromiso con la paz no se ha definido una política al respecto y la atribución para liderar el orden público, y el manejo de un eventual proceso de paz se confunden con la expresa negación a facilitar iniciativas y consensos con el conjunto del Estado y con la sociedad. Entre tanto, desde abajo, en las regiones y en diversos sectores sociales y de opinión se nota el reactivamiento de iniciativas hacia la paz.

Entre las contribuciones del Gobierno Nacional hacia un clima de paz están la manifestación de disposición a emprender diálogos de paz con las guerrillas, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado, el tratamiento prioritario de la ley orientada a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras a campesinos despojados y desplazados, la recuperación de las relaciones con los países fronterizos y la participación constructiva en UNASUR y el aval para que a instancias del Congreso se avance en la búsqueda de un consenso hacia el desarrollo de iniciativas legislativas sobre la paz.

Entre los obstáculos se encuentran herencias no superadas de los mandatos consecutivos de Uribe que conllevan la pretensión de derrotar militarmente a las guerrillas a cualquier precio y sin considerar con realismo la necesidad, conveniencia y los términos posibles de una solución política y negociada del conflicto armado con las FARC y el ELN. Las limitaciones en las políticas en asuntos agrario, social y de desarrollo económico que no brindan reformas ni acciones que propendan por superar de forma significativa las condiciones de exclusión, polarización social y extendida pobreza existente. El mantenimiento de una formulación de política de paz reducida tan sólo a la reinserción y el otorgamiento de eventuales beneficios jurídicos sin compromiso con un proceso de transición y de consensos políticos nacionales hacia la creación de condiciones políticas e institucionales para hacer posible; sostenible un proceso definitivo y final de paz. La pervivencia de la equivocada política de concebir y tratar de forma idéntica la insurgencia y el paramilitarismo, el creer erróneamente que ha sido superado en lo fundamental el fenómeno paramilitar, la falta de revisión de la política hacia la economía ilegal del narcotráfico y sus múltiples efectos de distinto orden y las falencias e inconsecuencias que aún se expresan en el tratamiento de las problemáticas en Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

En todo caso el balance debe poner el acento en la oportunidad que tiende a configurarse para que precisamente se fortalezcan y lleven a mayores consecuencias las políticas, las medidas y los factores asociados a la paz. En ello es preciso reiterar que en la base de la paz, está la recuperación de un amplio consenso nacional y el compromiso de todos los ámbitos estatales e institucionales para su logro. En consecuencia, merece continuidad la búsqueda de esfuerzos concertados y acuerdos a distintos niveles como los que en cierto grado se expresaron en medio del trámite en el Congreso de la ley de víctimas recientemente aprobada. Pero el tema exige también entender que por su naturaleza no podría ser una imposición desde la coalición gobernante así ella se halla ampliado con los sectores que la acogen sin reserva, sino que debe implicar necesarios entendimientos con los sectores de oposición y con los movimientos sociales y los más diversos sectores de opinión.

El debate en los últimos años deja en claro asuntos importantes como el énfasis creciente en un concepto amplio de construcción de paz como compromiso ineludible y permanente desde el Estado, y la sociedad que no se puede ni se debe aplazar por circunstancias coyunturales ni se sujeta a eventuales y por lo regular inciertas posibilidades de entendimiento con la insurgencia aún presente. De hecho, como se ha rememorado, ahora tras la segunda década de vigencia, la Constitución Política de 1991 que también fue producto de varios procesos de paz sentó los mojones decisivos para tal construcción. Resultan además crecientes las manifestaciones sociales, ciudadanas y territoriales que abogan por la autonomía, la incidencia y el empoderamiento en procesos de construcción de paz y de búsqueda inmediata del logro y consolidación de condiciones favorables a ella desde la gobernabilidad y la acción de la sociedad, independiente incluso de las posibles dinámicas de entendimiento con las guerrillas aún activas y también con demandas de participación efectiva y decisiva en procesos de paz que puedan darse.

Pero vale reconocer también que durante el año de mandato del presidente Santos, se han producido varias declaraciones de las comandancias de las FARC y del ELN favorables a los entendimientos de paz y algunas reconsideraciones en sus discursos, posiciones y propuestas hacia facilitar los entendimientos. Prueba de ello es la no exigencia de anteriores precondiciones y la reformulación y modulación de algunas propuestas de las FARC, así como la propuesta del ELN de partir desde el acumulado positivo conseguido en las anteriores ocho rondas de conversaciones exploratorias sostenidas en La Habana, hasta finales de 2007, y que dejaron por firmar un Acuerdo Base con consensos, compromisos y una ruta metodológica valiosa hacia la convención nacional propuesta.

De otra parte se tiende a superar la polarización política y social que predominó desde el anterior Gobierno signado por el autoritarismo y la connivencia con expresiones de ilegalidad, violencia y corrupción, de forma que se registran manifestaciones de recuperación de pronunciamientos de distintos sectores hacia la búsqueda de soluciones al conflicto armado y a temas asociados y hacia la superación de los factores de violencia. Aunque tuvo un nivel incipiente afloró desde el debate en la campaña presidencial, luego seguido de pronunciamientos de sectores de la sociedad civil y políticos con referencia a asuntos como la revisión de políticas frente al narcotráfico, el paramilitarismo y sus expresiones derivadas así como con relación al reconocimiento de la persistencia del conflicto armado con la insurgencia y la necesidad de su adecuado tratamiento.

Y entre las iniciativas de paz que nuevamente despuntan desde la sociedad civil o con su incidencia y participación merecen enumerarse los siguientes hechos:

- Persistencia de organizaciones que realizan de manera permanente proyectos y acciones por la paz: Asamblea Permanente por la Paz, Comisión de Conciliación Nacional, Redepaz, Planeta Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz, entre otras.

- Aportes mediante la realización de estudios y encuentros sobre temas del conflicto, su tratamiento y la paz: Cinep y otros Encuentros por la Paz; CNAI e Indepaz seguimiento al conflicto armado y su tratamiento; el seguimiento a políticas de paz emprendido por la iniciativa Paz Pendiente conformada por Planeta Paz, PCS, Fucude, Fundación Social, FIP, entre otras.

- Actuaciones de las organizaciones de mujeres, exigencias de diálogo, soluciones humanitarias y paz, mesas de seguimiento al tema género, mujer, conflicto, delitos sexuales. Ruta Pacífica de Mujeres y otras.

  • Iniciativas de Paz desde la Base: experiencias locales y regionales de paz en distintas regiones con participación de indígenas, campesinos, comunidades afros, mujeres y jóvenes; con acompañamiento de PAS, Pastoral Social de Quibdó, Fucude y otras entidades.
  • Seguimiento a temas de conflicto, su tratamiento y la paz con participación de organizaciones internacionales como Crisis Groupe y el Grupo Washington, entre otras.
  • Cooperación con iniciativas de paz y de reconciliación con cooperación de entes internacionales como el PNUD, la UE y otros y con acciones desplegadas con amplitud por entidades como la Conferencia Episcopal y diversas administraciones territoriales.
  • Programas de Desarrollo y Paz, estímulo a proyectos: PDP con acciones importantes en Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Nororiente, Cauca y Nariño y otras regiones.
  • Acciones promovidas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara a favor de la paz y las soluciones humanitarias.
  • Acción de intermediación humanitaria y de promoción de la paz de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras entidades, personas y gobiernos. El invaluable apoyo del CICR en la intermediación y la atención humanitaria.
  • Adopción por parte de las plataformas de organizaciones sociales agrupadas en Techo Común de los temas de derecho y paz como prioridad, interlocución, incidencia y protagonismo social.
  • Iniciativas orientadas a la paz o que la consideran a partir del movimiento de víctimas y sus organizaciones. Iniciativas por la verdad, el esclarecimiento, la memoria histórica; la superación de la impunidad, la justicia; las exigencias de reparación de las víctimas y del logro de garantías de no repetición.

- Iniciativas de paz regionales, entre otras las Mingas indígenas y populares, los pronunciamientos del CRIC, el Encuentro en preparación en Barranca con el tema de tierras y territorialidad, la Comisión de Reconciliación de la Costa Atlántica, entre otras.

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